El monólogo del gobierno con disfraz de diálogo

Ante el encuentro de los padres y madres de los normalistas desaparecidos con Enrique Peña Nieto y miembros de su gabinete el día de ayer, reflexionemos si eso que el gobierno llama diálogo realmente lo es y cómo sus acciones son opuestas a sus declaraciones.

Foto: Jorge Serratos

Por Nancy Hernández Martínez (@nancyhmz)

María de Jesús Tlatempa, madre de uno de los jóvenes normalistas desaparecidos fue muy clara: “le dijimos al gobierno que tiene que quitarse la máscara, que tiene que ser transparente”. Esto sucedió en la segunda reunión sostenida entre familiares de los jóvenes desaparecidos y el ejecutivo federal este 24 de septiembre. Ha pasado ya un año de estos hechos y no hay respuestas, sólo una serie de anomalías en la investigación. Esa es la máscara: un discurso desde el gobierno donde supuestamente hay interés pero las acciones dicen lo contrario.

Resulta ofensivo para las familias que Enrique Peña Nieto diga estar del mismo lado en la búsqueda de justicia y de la verdad, mientras que el proceso de investigación ha sido irregular desde el inicio, como si eso no fuera responsabilidad del gobierno. Con frases como “agradezco la oportunidad de haberme reunido con los familiares de los jóvenes normalistas” o “valoro este encuentro, en el que pude escucharlos y dialogar con ellos” se pretende enviar un mensaje de que el gobierno está haciendo su trabajo. Sin embargo, dichas frases sólo forman parte de ese ritual construido.

No es la primera experiencia en México de este tipo de encuentros, y hay que señalarlo, si estos encuentros se han dado es porque la sociedad afectada por la violencia -en diferentes modalidades, momentos y circunstancias- es quien siempre ha demandado este espacio para el ejercicio del diálogo. El diálogo así, es y ha sido una solicitud hecha desde las víctimas y de la sociedad civil organizada que las acompañan; con la finalidad de ser escuchadas, y dejar de ser ignoradas. Con una demanda principal cuyo cumplimiento recae en el gobierno: justicia.

Por parte del gobierno no basta con firmar compromisos, los cuales además no son algo extraordinario, sino parte de la responsabilidad gubernamental. No se puede hablar de diálogo si no se está dispuesto a escuchar, si se tiene ya determinado lo que se hará sin siquiera considerar las peticiones de las familias en este caso. Porque entonces, termina siendo lo de siempre: un monólogo, una puesta en escena.

En estos casos, así lo marcan experiencias previas en el país como ocurrió en Ciudad Juárez y en otras partes de México, siempre hay una tendencia por parte del gobierno -ya se vivió con Felipe Calderón también- a minimizar la situación y la gravedad del problema. Por eso, de entre las ocho exigencias que los padres y madres de los jóvenes normalistas desaparecidos presentaron a Enrique Peña Nieto, destaco la primera: “el reconocimiento público de la legitimidad de la búsqueda de justicia por parte de los familiares de los 43 normalistas desparecidos y de que el caso se encuentra abierto”.

Esa petición es clave y explica por qué el ejecutivo federal no se comprometió a aceptar ésta -ni las otras siete-, porque precisamente pone en jaque su actuación. Que el presidente haga un reconocimiento público de la legitimidad de esta lucha significaría aceptar sus errores, omisiones y violaciones a derechos fundamentales. Entonces ¿cómo interpretar el compromiso que dice tener el gobierno si no es capaz de aceptar esta primera petición? La respuesta se hace evidente.

Estos encuentros son importantes por diversas razones, pero una de ellas es porque es en esos espacios donde se puede observar la congruencia o incongruencia –o disposición- de las autoridades. Ahí se puede leer si hay un compromiso o no. Ya lo dijo también María de Jesús: “el gobierno o está con el pueblo o está con los delincuentes. El gobierno tiene que escoger, está con el pueblo o está con la delincuencia organizada. Él tiene que decidir, ver por su ciudadanía o ver por la delincuencia”.

Como jefe de Estado no basta con que Enrique Peña Nieto les haya reafirmado la voluntad y buena fe del gobierno de la República para esclarecer los hechos ocurridos hace ya un año. Ante situaciones de violencia como lo ocurrido en Ayotzinapa, así como ante la desaparición forzada no basta con tener “buena fe”. Se requiere de acciones concretas, de justicia y de terminar con la impunidad. Se tiene que garantizar además un trato digno a las familias de los jóvenes, en este caso; para que no queden abandonadas y violentadas como miles de víctimas y familiares que hay en nuestro México.

Mientras eso ocurre, como sociedad no dejemos de apoyar esta lucha, no es un hecho aislado. Es momento de alzar la voz y ser solidarios.

“26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa”